AVANCE EN EL PROYECTO DE LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE CANARIAS.

FREDICA ANALIZA LA PROPUESTA LEGISLATIVA.

La Dirección General de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, adscrita a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda ha conferido trámite de audiencia relativo al Borrador del anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible de Canarias.

La futura Ley de Movilidad de Canarias pretende articularse como una norma marco que regule la movilidad con carácter sostenible en el archipiélago abarcando todos los modos, es decir, incluyendo el transporte terrestre, el aéreo y el marítimo.

Como se puede observar se trata de una materia fuertemente sensible para el desarrollo económico y social para una región como la canaria, distante del territorio continental como, a su vez, con su territorio fuertemente fragmentado.

Costos, conectividad, intermodalidad, infraestructuras y planificación son algunos de los aspectos clave en esta materia. Desde FREDICA estamos analizando este borrador que ciertamente centra gran parte de su contenido fundamentalmente en el transporte terrestre.

La norma, aunque parte del principio de libertad de elección del modo de transporte por el ciudadano, al menos con relación al transporte terrestre en vehículo privado toda la norma, sin hacerlo de manera expresa, gira entorno a políticas restrictivas contra su uso.

Aunque se puede entender esta preocupación del legislador derivado de los problemas actuales que se generan en determinadas islas en momentos y lugares concretos, cuestión que no es siempre deducible de la dimensión del parque móvil, no parece razonable la consideración del transporte privado como el modo a combatir. Por otra parte, la ubicación del transporte terrestre en vehículo privado al final de la pirámide de la movilidad aunque puede ser comprensible, aunque no como norma general pero sí como forma de dar relevancia a los medios de transporte blandos y colectivos, si deberían articularse medidas legislativas para evitar medidas restrictivas al uso del vehículo privado si la administración competente, en el ámbito de su respectiva competencia, no garantiza las infraestructuras necesarias y suficientes para que el ciudadano tenga realmente una alternativa real, efectiva y sostenible a la utilización del vehículo privado.

Por tanto, no se plantea una posición en contra el uso racional del transporte en vehículo privado, pero sí que se tenga en cuenta la realidad del archipiélago para evitar la aplicación de medidas poco realistas por parte de las distintas administraciones competentes que terminen generando descontento social y se conviertan en una frustración.

FREDICA.