LA ELECTRIFICACIÓN “PROVOCADA” REQUIERE AYUDAS MÁS QUE INTENCIONES.

FREDICA. 22-02-2023

Los políticos europeos con el apoyo de grupos pro ambientalistas, que no la industria ni tan siquiera los propios ciudadanos, han exigido durante los últimos años, la aplicación de medidas cada vez más restrictivas contra los vehículos de combustión basadas en la lucha contra la contaminación y el cambio climático.

Esta situación ha culminado la semana pasada con la decisión del Parlamento Europeo ratificando la prohibición de venta de vehículos con emisiones de CO2 a partir del año 2035, lo que de “facto” significará que, efectivamente, en 12 años, es decir, en términos industriales, mañana, no se podrán vender vehículos de combustión diésel o gasolina arrastrando también a los vehículos híbridos, y ello salvo que se produzca una revolución respecto de los combustibles sintéticos que permitan su comercialización a precios razonables y los políticos europeos dejen la puerta abierta a esta alternativa.

La decisión adoptada por el Parlamento no ha estado exenta de polémica. La industria ha protestado, no contra la decisión en sí, sino porque considera que frente al fuerte esfuerzo inversor (y apuesta) que están realizando, la implementación de esta medida tiene que venir acompañada de una fuerte inversión por parte de los estados miembro, dado que existe, por una parte, una falta generalizada de infraestructura de recarga, y por otra, porque consideran necesario el establecimiento de ayudas para la renovación del parque.

Lo cierto es que la penetración del VE en la UE está siendo dispar, con uno países donde el crecimiento del parque electrificado ha sido destacado, como son los casos de Noruega o incluso Alemania y otros donde la situación es la contraria, como el caso de España o de Italia.

Sin embargo, si se pensaba que esta situación dispar obedecía solo a una cuestión de mentalidad o incluso del distinto nivel de riqueza entre el norte y el sur del continente, lo que está sucediendo este año, con la caída dramática en las ventas de los VE, tras la retirada de las fuertes ayudas a la compra que se otorgaban el algunos estados, como igualmente la retirada de ciertos beneficios a los titulares de estos vehículos, muestra que las ayudas podrían ser un elemento clave que explicara el fuerte crecimiento de esta tecnología, cuestión en la que yo incluiría, además, el procedimiento para el otorgamiento de las ayudas a ciudadanos y empresas, prácticas en algunos estados, engorrosas y complicadas en otros.

Ello al margen de que, en esos estados avanzados la apuesta por la generalización de puntos de recarga, también con ayudas, ha sido mucho más decidida que en otros estados, bien sea por falta de inversión o por problemas burocráticos o administrativos.

Lo que parece evidente es que si la Unión Europea quiere luchar contra las emisiones y el cambio climático y obliga o precipita a sus ciudadanos a renovar su flota de vehículos estableciendo el año 2035, como punto de inflexión inmediato para dejar de comprar vehículos nuevos de combustión más asequibles, y el año 2050 la fecha teórica para que no existan vehículos de combustión, tendrá que sacar la billetera dado que, en las circunstancias actuales, tras la crisis del Covid-19, la guerra de Ucrania, la incertidumbre económica…, la mayor parte de la población no podrá acceder en estos años y en los próximos a un vehículo eléctrico, y son solo 12 años.

Si no lo hace, la misma Unión propiciará el efecto contrario al deseado. Es decir, se producirá una renovación mucho más lenta del parque móvil, que se envejecerá y será este parque viejo el que contaminará de verdad. Millones de ciudadanos de Europa no tendrán capacidad para adquirir estos nuevos vehículos respecto a los que, además, no tienen garantizado ni una infraestructura adecuada ni unos precios de suministro eléctrico razonables.

Al margen de todas las dudas que genera la electrificación del parque móvil desde el punto de vista técnico, medioambiental y de coste, parece que es un camino irreversible por el que se dirige la industria del automóvil.

Si se considera por los políticos que este es el camino que hay que recorrer a toda prisa y los fabricantes lo apoyan, se tendrán que adoptar medidas decididas de ayuda, bien sea articulando ayudas a la renovación del parque como al desarrollo de políticas decididas respecto a la inversión en infraestructura, pero todo ello sin olvidar que junto a la defensa del medio ambiente debe quedar protegido el derecho a la movilidad de los ciudadanos, y dentro de ella, como componente esencial, a la movilidad individual, donde el transporte privado y el público motorizado son y serán fundamentales.