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LAS MEDIDAS CONTRA LOS VEHÍCULOS DIÉSEL TIENEN QUE ARMONIZARSE EN TODA EUROPA

El Gobierno de las Islas Baleares ha anunciado que prohibirá la matriculación de vehículos diesel a partir del año 2025 y que en el caso de los vehículos de gasolina, se prohibirá su venta en las islas a partir de 2035. El objetivo, según se recoge en el borrador del proyecto normativo de Ley sobre Cambio Climático es que en el año 2050 solo circulen vehículos eléctricos en esta comunidad.

Esta medida, que tiene su apoyo en los acuerdos de París de 2015 sobre cambio climático, aunque van en la dirección que todos esperamos, es decir, en la transformación del parque móvil térmico actual en un parque limpio medioambientalmente, presenta sin embargo importante lagunas.

Por una parte, estas medidas no pueden quedar circunscritas respecto a su aplicación a una región o incluso a un estado dentro del contexto europeo. Una medida de este calibre, que afectará al derecho de millones de ciudadanos como a toda la industria debe tener un proceso consensuado.

Por una parte, una región de Europa no puede unilateralmente, adoptar medidas que afectan a todo un tejido industrial, pues en el caso de que estos planteamientos se repitieran a lo largo y ancho del continente, la situación se convertiría en un auténtico galimatías.

Lo primero que debería hacerse es, desde mi punto de vista, realizar la propuesta armonizada para toda Europa. Si tenemos en cuenta que a día de hoy la fabricación de vehículos diesel no está prohibida, bien al contrario existen vehículos fabricados y homologados que se pueden matricular por lo menos hasta ahora, en la mayor parte de los estados europeos sin mayor problema, no tiene sentido ninguno que un señor que compra un vehículo perfectamente homologado en un estado miembro o en otra región de su mismo estado no pueda moverse libremente con su vehículo por todo el continente debiendo conocer en qué países, landers o municipios puede o no puede circular. Esto no tiene ningún sentido, porque además si dispone de una homologación europea se le está dando un derecho al disfrute de su adquisición o unas expectativas de derecho que no pueden ser conculcadas por cualquier entidad menor. Por tanto, en todo caso el papel de Bruselas en esta materia debería ser determinante, ya que es necesario establecer políticas de sentido común teniendo en cuenta el impacto medioambiental sin duda, pero igualmente los tiempos necesarios que requiere la implantación para la industria como la salvaguarda de los derechos y expectativas de los usuarios.

En segundo lugar, es necesario conocer la realidad del sector fabricante. Los cambios que se aplican al sector del automóvil en la Unión Europea no pueden ser adoptados por los políticos sin tener en cuenta la opinión de los fabricantes y la industria en general. El impacto económico y consecuentemente social que puede significar estas medidas adoptadas de forma arbitraria pueden ser tremendamente negativas para la actividad empresarial pero también para el conjunto de la ciudadanía.

En definitiva, no se trata de estar contra el sino de los tiempos, bien el contrario, pero se trata de estar igualmente contra medidas puntuales de carácter electoral o partidista que no parten de la realidad y del consenso de todos los afectados por su planteamiento.

Rafael Pombriego

 

Foto. Motor de combustión